Río Negro tiene uno de los patrimonios naturales más extraordinarios del país: el Nahuel Huapi, los ríos de la cordillera, la estepa patagónica, el litoral atlántico. Protegerlos no es solo una cuestión de estética o sensibilidad ambiental, es una responsabilidad concreta que tiene que traducirse en normas.
Por eso presenté en 2024 el proyecto PL196/24, y lo reingresé en 2026 como PL148/26: una ley de reducción progresiva y prohibición de plásticos de único uso en toda la provincia.
La propuesta apunta a sustituir los productos descartables no biodegradables por alternativas reutilizables, compostables o reciclables. En concreto, plantea la prohibición progresiva de cubiertos, platos, sorbetes y mezcladores descartables; envases y recipientes de telgopor (poliestireno expandido); envoltorios plásticos para diarios y revistas; y microperlas plásticas en cosméticos e higiene personal.
Un punto que me parece especialmente importante: el proyecto establece la “desplastificación” del Estado. Las dependencias públicas provinciales no podrían adquirir ni usar plásticos de único uso. Si le vamos a pedir al sector privado que cambie, el Estado tiene que dar el ejemplo primero. En la Legislatura de Río Negro ya se implementó.
La iniciativa también incluye etiquetado ambiental obligatorio para los productos de uso sanitario que contengan plástico, y un régimen de sanciones que va desde multas hasta clausuras y la obligación de reparar el daño ambiental causado.
La evidencia científica es clara: la única forma efectiva de reducir la contaminación plástica es atacar el problema en el origen, antes de que el residuo se genere. Río Negro ya tiene antecedentes normativos en esta dirección —la Ley 4417 de 2009 sobre bolsas de polietileno, y más recientemente la Ley 5787 que eliminó los plásticos descartables dentro de la propia Legislatura— pero todavía falta una ley integral que abarque a toda la provincia y a todos los actores.
Ese es el proyecto que sigo impulsando.