En la sesión de la Legislatura de Río Negro del 6 de agosto se trataron numerosos proyectos, algunos de ellos con impacto directo sobre el funcionamiento del Estado provincial y las finanzas públicas.
Uno de los principales fue el pase a planta permanente de personal temporario del Poder Ejecutivo, que alcanza a quienes hubieran iniciado su vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2025. Voté en contra porque, más allá de la legítima aspiración de estabilidad de los trabajadores, considero indispensable que una medida de esta magnitud cuente con información precisa sobre la cantidad de agentes alcanzados, su impacto fiscal y mecanismos rigurosos que garanticen el requisito constitucional de idoneidad para el ingreso al empleo público.
También se aprobó el nuevo régimen de tasas para las Comisiones de Fomento, que permitirá cobrar por determinados servicios y actividades. Comparto que puedan contar con recursos vinculados a los servicios que efectivamente prestan, pero durante el debate planteé una preocupación central: no puede ampliarse la capacidad de recaudar sin garantizar al mismo tiempo mecanismos claros, públicos y efectivos de control y rendición de esos fondos. Puse como ejemplo la situación de la Comisión de Fomento de Villa Mascardi y la falta de presentación de sus últimos balances.
En segunda vuelta se sancionó además el Proyecto de Ley 49/2026, que modifica el régimen de ejecución penal y restringe beneficios penitenciarios para determinados condenados. Había presentado formalmente una observación al texto aprobado en primera vuelta para corregir y precisar su redacción. Lamentablemente, la observación no fue incorporada y considero que la norma terminó sancionándose con una redacción que mantiene una ambigüedad que podría haberse evitado. En materia penal y de ejecución de penas, donde están en juego tanto la seguridad de la sociedad como derechos individuales, las leyes deben ser especialmente claras y no dejar margen a interpretaciones contradictorias.
Para Bariloche, otro tema relevante fue la transferencia de la avenida Bustillo a la Municipalidad, que a partir del convenio aprobado asumirá la conservación, mantenimiento, señalización, regulación del tránsito y demás responsabilidades sobre el tramo comprendido entre el Monolito y la rotonda de acceso a Llao Llao.
La sesión incluyó además otros proyectos, entre ellos la creación de la Red Provincial de Atención Integral de la Menopausia y el Climaterio, el protocolo provincial de Alerta Sofía, modificaciones vinculadas al uso de celulares e inteligencia artificial en las escuelas y distintas iniciativas ambientales y sociales.
Como siempre, mi criterio es analizar cada iniciativa por su contenido: acompañar aquello que considero positivo para los rionegrinos y señalar, aun cuando coincida con el objetivo general de una ley, los problemas de redacción, de control o de impacto fiscal que entiendo debieran corregirse.